La notificación del empleador es válida aunque el trabajador se niegue a recibirla?

13 Oct 2013

En el caso se le habían cursado al actor dos intimaciones que, de acuerdo a lo informado por el Correo Oficial, fueron dirigidas al domicilio del demandante siendo “rechazadas” y que en los seis meses previos al distracto el actor tuvo tres suspensiones, por 1, 3 y 5 días motivadas por ausencias injustificadas, en las que se le hizo saber que en caso de reincidencia sería mayormente sancionado, pudiendo llegarse incluso al despido………. la violación al débito laboral del trabajador debe ser voluntaria e injustificada, como una manera de exteriorizar una intención de quebrantar sus persona-les deberes de asistencia y prestación efectiva de trabajo, es decir, debe consistir en un alzamiento arbitrario en el que la voluntad juegue un papel predominante como condicionante de una determinada conducta que conforme una situación de injuria hacia el empleador, es decir no sólo debe existir una situación de mora sino un incumplimiento grave y calificado, cuya gravedad se manifiesta, además que por su propia magnitud, por el desdén hacia la intimación (cfr. C.N.A.T., Sala VII, 19/2/88, “López, María Manuela c/Ucha Feijoo y otros Sociedad de Hecho”, D.T. 1988-A, p. 783-6)………..si bien quien elige el medio de comunicación resulta responsable por su resultado, lo cierto es que se encuentra fuera de debate que las misivas que obran a fs. 151/53 y 148/50, amen de haber sido desconocidas por el actor, fueron dirigidas al correcto domicilio del mismo siendo devueltas por ser “rechazadas” (ver informe de fs. 338/39). En tal contexto, la demandada cumplió con su deber de intimar al trabajador no pudiendo serle imputable la falta de recepción de dicha misiva…….desde antiguo por la mayoría de las salas de esta cámara al decir: “Si bien es cierto que quien utiliza un medio de comunicación es responsable del riesgo propio de dicho medio, tal principio no resulta aplicable cuando se utilizó un medio común para este tipo de comunicaciones (telegrama) y la noticia no llegó a cumplir su cometido por “domicilio cerrado. En tal caso, el fracaso de la comunicación sólo es imputable al destinatario en tanto el domicilio al cual se envió el despacho era el correcto” (Sala III, sent. 69.842 del 16/8/95, “García Raquel c/ Weidgans, Jorge s/ despido”)…”Cuando un telegrama, correctamente enviado, es devuelto por el personal distribuidor de la compañía de correos, con la atestación de “domicilio cerrado” se considera que se ha cumplido el fin que persigue la pieza postal, pues la falta de entrega es imputable sólo al destinatario que ha impedido la efectividad del medio empleado” (Sala X, sent. 5714 del 25/2/99, “Gimenez Oscar c/ Editorial Atlántida S.A. s/ despido”)….”Si la demandada envió el telegrama de contestación a la intimación efectuada por el trabajador, pero dicha pieza no pudo ser entregada porque en varias oportunidades el personal de correos encontró el “domicilio cerrado”, tal situación no puede equipararse a aquellos casos en que la respuesta no llega por circunstancias imputables a quien elige el medio. Por el contrario, en este caso, quien intimó (el trabajador) debía esperar la réplica de su empleadora y ésta puede conside-rarse que cumplió con su cometido toda vez que entró en la órbita de conocimiento del actor en tanto llegó a su domicilio pero no pudo ser entregada” (Sala IV, sent. 66.834 del 30/12/91, “Carduje Carlos c/ Científica Argentina SRL s/ despido”)…..En efecto, la doctrina ha sido conteste en atribuir a la carta documento el carácter de instrumento público, del que también participa el telegrama colacionado regulado por ley 750/1/2 de “telégrafos nacionales”, que en sus artículos 90 a 97 estipula el sistema general de validez de este instrumento. La carta documento, agregada por la reforma (ley 22.434, art. 144 del CPCCN; art. 144 del texto modificado por ley 25.488), constituye un servicio postal cuyas condiciones de prestación y ejecución se reglamentaron por resolu-ción Nº 1110 de Encotel, de fecha 02/07/84, de aplicación al caso y, específicamente en sus artículos 7, incs. 1 a 12, y 9, regula la admisión del instrumento por el agente postal y los procedimientos para certificación y sellado de copia, respectivamente. En tal sentido, estipula que, luego de haber confeccionado el impositor el aviso de recibo, se lo unirá al envío en la forma reglamentaria y, posteriormente, el empleado postal certificará y sellará las copias que deberá devolver al remitente junto con el recibo de imposición. La sujeción al cumplimiento de tal regulación determina el carácter de instrumento público que la doctrina ha atribuido al documento (arg. art. 979, inc. 2, del C.C.). En efecto, siguiendo ese criterio, se ha sostenido que el telegrama colacionado o la carta documento con aviso de recepción constituyen un instrumento público (ver Falcón, E.M. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado, concordado y comentado”, t. II, p. 89 y CNCiv., Sala H, 25/6/02, “Larreguy, Matías c/ Pauver S.A. y otro”, LL, diario del 4/3/03).

Fecha del fallo:

29-8-2013

Tribunal:

CNApT -SALA V.

Partes:

DOMINGUEZ, JAVIER MARCELO C/ CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. S/ DESPIDO

“Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores c/ Federacion de Obreros y Empleados Vitivinicolas y afines y otros s/ accion de amparo” – CSJN – 09/10/2012

“Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores c/ Federacion de Obreros y Empleados Vitivinicolas y afines y otros s/ accion de amparo” – CSJN – 09/10/2012

RÉGIMEN DE TRABAJO AGRARIO. Obreros y empleados vitivinícolas. Relaciones laborales regidas por el CCT 154/91. ACUERDO COLECTIVO. Exclusión del Régimen de Trabajadores Agrarios de la Ley 22248. Cláusula convencional homologada por la autoridad de aplicación. Principio de legitimidad. Vía improcedente. Necesidad de un examen pormenorizado de las normas. Se revoca sentencia. ACCIÓN DE AMPARO –solicitud de declaración de invalidez del acuerdo–. RECHAZO

“En el caso, cobra especial relevancia la circunstancia que los jueces de la Cámara declaran inválida una cláusula convencional que fue homologada por la autoridad de aplicación, legitimada para ello y cuya función es precisamente la de control de legalidad, sin perjuicio que también tiene la responsabilidad de ser la autoridad de aplicación en las funciones de la entidad actora (art. 8 y 18 de la ley 25.191 y art. 22 y 23 del Decreto 453/01). Cabe señalar que el control de legalidad de carácter objetivo del acto de la homologación del Ministerio de Trabajo es una verificación del acuerdo celebrado por las partes, a fin de comprobar que no contenga cláusulas violatorias de normas de orden público, o que afecten el interés general (art. 4 de la ley 14.250, segundo párrafo, t.o. por decreto 1135/2004). Producido dicho acto queda aprobado el acuerdo colectivo pactado por las partes, otorgándole efecto de generalidad e imperatividad para todos los sujetos comprendidos en su ámbito (art. 4 de la ley 14.250, primer párrafo, t.o. Decreto 1135/2004).” (Del dictamen de la Procuradora Fiscal, compartido por la CSJN)

“Si el acuerdo que ha sido cuestionado cuenta prima facie para su validez con el principio de legitimidad, que confiere a partir del acto de la homologación instrumentada por parte de la autoridad de aplicación correspondiente, no resulta suficientemente fundado admitir su ilicitud o arbitrariedad sin que medie un análisis concreto, preciso y detallado sobre los elementos y pruebas que, al menos en principio, privarían a esos actos de su validez en derecho (Fallos: 318:2431; 321:685).” (Del dictamen de la Procuradora Fiscal, compartido por la CSJN)

“La decisión además de sostenerse en una vía improcedente deja un debate abierto y pendiente que exige desentrañar normas de carácter especial, como son dos ámbitos de aplicación personal de estatutos especiales de trabajo (Ley 23.154 de Contratistas de viñas y frutales, el CCT 154/91 y la Ley 22.248 del Régimen de Trabajo Agrario), que regulan actividades diversas que ante las precisiones delimitantes de cada una de las normas que concurren en un mismo ámbito personal, exigen un examen pormenorizado, detallado y específico de los presupuestos fácticos de cada norma y la adecuada aplicación de ellas en los ámbitos que correspondan.” (Del dictamen de la Procuradora Fiscal, compartido por la CSJN)

“En tales condiciones, considero que corresponde revocar la sentencia apelada y rechazar in limine el amparo.” (Del dictamen de la Procuradora Fiscal, compartido por la CSJN)

“E. Rojas Bona Fidela c/ De Los Rios Eduardo Ramon y otro s/ despido” – CNTRAB – 21/09/2012

“E. Rojas Bona Fidela c/ De Los Rios Eduardo Ramon y otro s/ despido” – CNTRAB – 21/09/2012

CUIDADO Y ATENCIÓN DE PERSONAS EN EL HOGAR. Ausencia de titularidad de una organización empresaria. Locaciones de servicios ajenas al campo laboral. Inaplicabilidad de la Ley de Contrato de Trabajo. FALTA DE CONFIGURACIÓN DE UN VÍNCULO DE NATURALEZA LABORAL. Desestimación de la acción. DISIDENCIA: Presunción del Art. 23 de la LCT, que no ha sido desvirtuada. Vínculo laboral subordinado

“…en los debates relativos a la subsistencia de figuras locativas de servicios, se ha suscitado una relevante controversia en torno, como en este caso, a los servicios prestados por cuidadores particulares de enfermos y ancianos, pues excluida esta prestación del marco de protección otorgado por el Estatuto del Personal Doméstico (conf. art. 2 dec. 326/56), se ha sostenido que es una figura ajena a la Ley de Contrato de Trabajo, tratándose de una relación de carácter civil que encuentra su marco de regulación en la locación de servicios.” (Del voto de la mayoría)

“…Si sólo se considerara que las labores que desarrolló la accionante consistieron en el cuidado de enfermo (aludió también al cuidado de la casa), se arriba a igual solución, porque la relación no encuadra dentro del ámbito laboral, pues no puede considerarse a los demandados (esposo e hijo) como titulares de una organización de medios instrumentales destinados a la producción de bienes, ni a la prestación de servicios, en las que el aporte personal de la actora pudiera subsumirse, lo que torna inaplicable al caso la ley de contrato de trabajo.” (Del voto de la mayoría)

“…acudiendo incluso a lo resuelto en su oportunidad por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Mastrotefano de González Mir, Marta D. c/ Roemmers de Nocorrea, Hildegar y otros” [Fallo en extenso: elDial.com – AA1E2F] (del 30/9/03), las condiciones del vínculo denunciado excluyen su encuadre en el ámbito laboral, debiendo dirimirse la controversia de conformidad con el régimen jurídico específico a que se halla sujeta, por lo que propicio, confirmar la sentencia recurrida en lo que fue materia de agravios.” (Del voto de la mayoría)

“En casos similares al que aquí se trata, tanto como juez de la anterior instancia como de la sala VI de esta Cámara, he tenido oportunidad de sostener que el cuidado de enfermos y ancianos en el domicilio particular permite desvirtuar los efectos de la presunción de carácter “iuris tantum” que prevé el art. 23 de la LCT, a poco que se aprecie que tal presunción cede frente a las “circunstancias, relaciones o causas” que hubieran motivado los servicios, máxime cuando los demandados no conforman una empresa productora de bienes o servicios como así lo contempla la ley laboral (arts. 5º y 23, ley cit.) (ver, en ese sentido, sentencia definitiva del Juzgado del Fuero Nº 44, del 21 de mayo de 2003, en autos “Durán Vidaurre, Benedicto c/ Barrero Villanueva, José María y otro s/ despido”; asimismo ver fallo definitivo Nº 59.163 de la sala VI de esta C.N.A.T., del 28 de septiembre de 2006, en autos “Cruz, Mercedes c/ Federico, Salvador Jorge s/ despido”, publicado en revista de “Derecho Laboral y Seguridad Social”, de diciembre/2006, Nº 24, p. 2207).” (Dr. Stortini, según su voto)

“En este contexto, y atendiendo a los hechos invocados y admitidos en el sub examine, resulta de plena aplicación lo normado por el art. 23 de la LCT, el que dice claramente que “el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. Esa presunción operará igualmente aún cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio”.” (Del voto en disidencia del Dr. Corach)

“En definitiva, acreditada la prestación de servicios y toda vez que la presunción emergente del art. 23 de la LCT no ha sido desvirtuada por prueba en contrario, considero que no cabe más que revocar lo decidido en grado y admitir la acción entablada.” (Del voto en disidencia del Dr. Corach)

“F. Martinez Carlos Anibal c/F.V. S.A. s/despido” – CNTRAB – 27/09/2012

“F. Martinez Carlos Anibal c/F.V. S.A. s/despido” – CNTRAB – 27/09/2012

REMUNERACIÓN DEL TRABAJADOR. Arts. 103 y 105 de la Ley 20744. Rubros: “TELEFONÍA CELULAR” y “USO DE AUTOMÓVIL”. Empleadora que no ejercía control sobre las llamadas. Vehículo de alto valor en el mercado. Utilización como herramientas de trabajo y para razones personales y familiares –fuera de la jornada laboral y durante los fines de semana–. CARÁCTER REMUNERATORIO

“Resulta claro que el vehículo era otorgado con doble carácter, es decir como “beneficio” para su uso personal y familiar, y como una herramienta de trabajo para poder cumplir con sus funciones, al igual que la provisión de un aparato celular, por lo que considero acertada la decisión de la sentenciante anterior y propicio confirmarla. Todo esto principalmente partiendo del reconocimiento que realiza la demandada, de que no ejercía un control en las llamadas del celular, y que el actor utilizaba el vehículo para ir y venir de su casa a la empresa, por lo que la prueba dada por la demandada no resulta suficiente para apoyar su versión.”

“El uso del automóvil de un valor significativo en el mercado, irrogaba gastos para su mantenimiento y uso, representando ello una ventaja patrimonial para el trabajador por lo que debe reputársela como remuneratorio (conf. art. 103 y 105, L.C.T.).”

“S. G. A. c/ Fundacion Universidad Catolica Argentina Santa Maria de los Buenos Aires s/despido” – CNTRAB – 22/06/2012

“S. G. A. c/ Fundacion Universidad Catolica Argentina Santa Maria de los Buenos Aires s/despido” – CNTRAB – 22/06/2012

DESPIDO INJUSTIFICADO. Personal de la enseñanza privada. COMUNICACIÓN DEL DESPIDO. Imputación de irregularidades al trabajador. ACUSACIONES INFUNDADAS. Falta de justificación del despido decidido por la empleadora. AFECTACIÓN DEL BUEN NOMBRE, EL HONOR Y LA CARRERA ACADÉMICA DEL DEPENDIENTE DESVINCULADO. Acto ilícito. Reparación de perjuicios. Indemnización del DAÑO MORAL. Procedencia. Cálculo de la indemnización por despido. Base salarial. Aplicación del tope previsto en el CCT 1/1988

“Las irregularidades que se le han imputado en la misiva que puso fin al vínculo laboral eran falsas y carentes de todo fundamento, por lo que entiendo que la accionada, al efectuar estas graves acusaciones, a sabiendas infundadas, incurrió en un acto ilícito, por lo que deben responder por el daño moral causado.”

“Las infundadas acusaciones han debido producir necesariamente un grave daño moral en el acusado, que injustamente ha visto lesionados sus bienes personales más valiosos, como son su dignidad, honor, honradez, tranquilidad, dañando sus afecciones legítimas a través del sufrimiento e indignación. El agravio causado no necesita ser acreditado en especifico, ya que surgen normalmente de los hechos mismos de un modo evidente, máxime en un caso como el de autos, donde las ofensas inferidas han trascendido y llegado a conocimiento del ámbito académico en donde se desenvolvió el actor, durante los treinta y ocho años que duró su trabajo para la demandada, afectando gravemente su buen nombre, honor y su carrera académica, que ha desarrollado en la Argentina y en el exterior.”